El Gobierno anunció que en la tarde de ayer celebraría una reunión de la que deberían salir nuevas medidas. Estaba previsto que este encuentro se produjera tras la videoconferencia que iba a reunir por primera vez en semanas a los responsables económicos del país por una parte y, por otra, a los organismos que aprobaron el rescate de 110.000 millones de euros en mayo del año pasado. Finalmente, no hubo Consejo de Ministros y no se anunciaron las 15 medidas que la prensa griega ya daba por seguras, como el despido de 100.000 funcionarios hasta 2015, la reducción o congelación de pensiones y salarios públicos o el cierre de organismos estatales. La videoconferencia con la troika -eso que muchos griegos ven como un monstruo con tres cabezas, las que representan a la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE)- continuará hoy. La sesión de ayer fue "productiva", según el Gobierno griego, que dijo que sus técnicos trabajarán en los datos disponibles ante la reunión de hoy.
El FMI ha dejado claro que el quid de la cuestión está en el sector público. El desmesurado tamaño que ha ido adquiriendo tras décadas de clientelismo practicado por todos los partidos en el Gobierno lo ha convertido en una bola demasiado grande de tragar. Sobre todo para un país que en 2012 cumplirá su cuarto año consecutivo de recesión. No solo hay que cerrar empresas, despedir a trabajadores y bajar sueldos. La troika exige también acelerar las privatizaciones.
"Es preciso cerrar empresas públicas, reducir su fuerza laboral y bajar sueldos, que en algunos casos son muy altos", había dicho por la mañana el representante del FMI. El propio ministro Venizelos compartió este diagnóstico e insistió en la necesidad de que Grecia cumpla con sus compromisos fiscales. En caso contrario, la troika puede bloquear el nuevo tramo del rescate, de 8.000 millones de euros, lo que colocaría al país al borde del caos: si no dispone de estos fondos el próximo mes, el Estado no tendrá dinero para pagar a los funcionarios.
El Gobierno se había comprometido el pasado mes de junio a poner en marchas las privatizaciones por las que debía recaudar 50.000 millones hasta 2015. Pero el proceso hasta ahora ha estado paralizado. Según el Ejecutivo, porque no ha habido tiempo suficiente y porque no quiere malvender las propiedades del Estado. La oposición responde que los verdaderos motivos obedecen a la estrategia electoral. Sea por la razón que sea, este retraso puede ser letal para Grecia. "El Gobierno tiene muchas dificultades para cumplir sus compromisos y no venirse abajo por los ataques de la oposición y por la furia que está surgiendo entre sus propias filas. Este es el momento de la verdad. Y el resultado que salga determinará nuestro futuro como país", señala Nikos Konstantaras, director adjunto del periódico de centro-derecha Kathimerini, claramente favorable a las reformas.
El FMI centra su estrategia en la poda del sector público porque es consciente de la imposibilidad de subir más los impuestos a una ciudadanía al borde del colapso y con un aparato fiscal ineficiente. Sirve como ejemplo la nueva tasa que grava las viviendas. Según revela la agencia Reuters, que cita una fuente cercana al Ejecutivo, este impuesto solo recaudará 1.000 millones, la mitad de lo que había pronosticado el Gobierno del socialista Yorgos Papandreu.
"La solución no es imponer cada vez más impuestos a la misma base. Esto no es ni económica ni políticamente sostenible", dijo el representante del Fondo en Atenas. Traa pidió un sistema fiscal más eficiente y que encare el problema de la evasión en un país en el que, según diversas estimaciones, la economía sumergida representa un 40% del PIB griego.
El aumento de la presión a la que se ve sometida la clase media -que es la que carga con la mayor parte de los ajustes- es tal que muchos en el país temen una explosión social. "Grecia no puede lograr sus objetivos de consolidación tan solo con recortes. El incremento de ingresos debe llegar más por la mejora del sistema que por la introducción de nuevos impuestos", concluyó el representante del FMI.
Además de un sector público ineficiente y de la debilidad institucional para recaudar impuestos, Grecia ha sufrido en los últimos años una fuga de capitales creada por el pavor a la salida del euro y a la quiebra del sistema financiero. Las familias retiraron de los bancos unos 21.000 millones en el primer semestre del año. Por ello, el Gobierno ha anunciado que inspeccionará a quienes hayan enviado más de 100.000 euros al exterior desde 2009. El objetivo es averiguar si estos movimientos aparecen reflejados en las declaraciones de impuestos y castigar a los que hayan defraudado impuestos. Según estimaciones oficiales, el dinero de los ciudadanos y empresas griegas en el extranjero ronda los 300.000 millones, una cifra cercana a la deuda estatal del país.
La Comisión Europea, otra de las patas de la troika, intervino ayer para recordar que no exige más que se cumpla lo ya acordado en el programa de ajuste para desbloquear los 8.000 millones. La economía del país no ve la salida del hoyo tras una larga de recesión. El PIB caerá este año un 5,5%, según los cálculos del FMI.
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